En 2023 se realizaron más de 200.000 intervenciones de cirugía estética en España, según datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE), una cifra récord que confirma el auge de este sector. Las operaciones más demandadas fueron mamoplastias, blefaroplastias y liposucciones, reflejando una creciente preocupación social por la imagen física.
Sin embargo, este crecimiento también ha revelado una problemática preocupante: el intrusismo profesional. Una encuesta reciente de la Sociedad Catalana de Cirugía Plástica (SCCPRE) advierte que la mitad de estas intervenciones en Cataluña no fueron realizadas por especialistas titulados en cirugía plástica, lo que pone en riesgo la salud de los pacientes. Además, el 90% de los cirujanos consultados afirmó haber tenido que corregir cirugías mal ejecutadas por médicos no cualificados.
El doctor Jordi Mir, portavoz de SCCPRE, denuncia que la legislación española vigente desde 1958 permite a cualquier médico realizar estos procedimientos, aunque no cuente con la formación específica. También critica la proliferación de másters poco exigentes que otorgan supuestas acreditaciones sin aval oficial.
El caso de Sara Gómez, una mujer fallecida tras una liposucción realizada por un cirujano sin la especialidad, ha puesto rostro a esta crisis. Su trágica muerte motivó la creación de la "Ley Sara", una iniciativa legislativa que busca limitar las cirugías estéticas a profesionales cualificados. El Gobierno ya ha presentado el primer borrador de la ley, cuya aprobación se espera para finales de 2024.
Mientras tanto, los expertos insisten en la importancia de verificar las credenciales médicas antes de someterse a cualquier intervención estética, y llaman a frenar la banalización de estos procedimientos en nombre de la seguridad del paciente.
