26 de septiembre del 2023

Organizaciones civiles de México y Estados Unidos se dijeron preocupadas ya que, a un año de la entrada en vigor del Entendimiento Bicentenario, programa impulsado por ambas naciones para el combate al crimen, la militarización en México ha aumentado, mientras que se necesitan mayores medidas para impedir el tráfico de armamento desde la Unión Americana.

En un posicionamiento, emitido en el marco del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre ambas naciones, que se realizará este jueves 13 de octubre, 12 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entre las que se encuentran Robert F. Kennedy Human Rights, Amnistía Internacional México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Human Rights Watch, entre otras, llamaron a los gobiernos a transparentar los acuerdos a los que se llegue en materia de prevención y reducción en consumo de drogas.

Además de centrar la discusión en explorar alternativas al encarcelamiento para casos de abuso de sustancias; promover los derechos humanos respondiendo a las necesidades de las víctimas y las comunidades.

Realizar investigaciones de homicidios de manera efectiva y consistente; profesionalizar los sistemas de impartición de justicia penal y aplicación de la ley.

Expandir el conocimiento para implementar las mejores prácticas para combatir la violencia de género.

Crear de capacidades compartidas y mejorar el sistema de rendición de cuentas y garantizar que los tribunales apoyen a las víctimas y preserven sus derechos humanos y civiles.

Militares en seguridad

Las ONG hicieron énfasis en la necesidad de revertir la militarización en México.

“Las Fuerzas Armadas mexicanas han cometido numerosas violaciones de derechos humanos en años recientes, generalmente sin rendir cuentas.

“Mientras el gobierno mexicano asigna cada vez más papeles y recursos a las instituciones militares, México no está priorizando debidamente la consolidación de instituciones civiles de seguridad y justicia capaces y confiables, aun cuando éstas representan el único camino sustentable hacia un mayor acceso a la seguridad y la justicia”, coincidieron las ONG.